(CNR) - El pronunciamiento de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CODH) muestra que no le quedan claros los argumentos que el Estado peruano ha esgrimido para la cancelación de la licencia de Radio La Voz (Bagua Grande - Amazonas). Así lo consideró el abogado Roberto Pereira, que tiene a su cargo la defensa de esta emisora, asociada a la Coordinadora Nacional de Radio (CNR). “ En términos gráficos, la CIDH le pone la luz roja al Estado Peruano”, calificó. Con fecha 26 de junio, la Relatoría Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH expresó al Estado peruano su preocupación por la decisión de dejar sin efecto la licencia de Radio La Voz, adoptada por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC) el pasado 8 de junio. En este comunicado, la CIDH señala que “la decisión de revocar la autorización de La Voz podría haber tenido un efecto silenciador sobre radios de la zona” y ante el recurso de reconsideración presentado por la emisora, exhortó al Estado de Perú “a tomar en cuenta los más altos estándares sobre libertad de expresión derivados del artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos al momento de evaluar”. Este artículo 13, citado por la CIDH, considera que “ el otorgamiento de frecuencias de radio y televisión, entre otros, con el objetivo de presionar y castigar o premiar y privilegiar a los comunicadores sociales y a los medios de comunicación en función de sus líneas informativas, atenta contra la libertad de expresión y deben estar expresamente prohibidos por la ley”.Tras los sucesos en Bagua del pasado 5 de junio, diferentes voces del gobierno han acusado a Radio La Voz de “instigar los enfrentamientos”. Coincidentemente, el pasado 8 de junio una resolución viceministerial informaba a la emisora de la cancelación de su licencia por razones administrativas. Poco después, el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) informó del caso a la Relatoría para la Libertad de Expresión. Ésta solicitó información al Estado y también a la defensa legal y el pasado 26 de junio emitió un pronunciamiento. “A la relatoría, teniendo en cuenta los alegatos y la información recibida del Estado peruano, se le generan dudas sobre la adecuación de esta decisión con la Convención Interamericana de Derechos Humanos y especialmente con el principio 13 de la declaración”, señala el abogado Roberto Pereira. Al igual que el Estado Peruano, los gobiernos de Venezuela y Ecuador han recibido el mismo tipo de advertencias por la cancelación de licencias de medios de comunicación. “Estas situaciones empañan y cuestionan la existencia de un modelo democrático”, recordó Pereira. FOTO LEYENDA: Dr Roberto Pereyra, abogado de Estudio Abogados PereyraCOMUNICADO DE PRENSA
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