La Defensoría del Pueblo dio a conocer el Informe de Adjuntía Nº 006–2009–DP/ADHPD, mediante el cual reporta las acciones humanitarias realizadas entre el 5 y el 30 de junio del 2009, en el curso de los lamentables hechos ocurridos en las provincias de Utcubamba y Bagua, como parte de su labor destinada a proteger los derechos fundamentales de todas las personas. De acuerdo con la información recabada, los actos de violencia ocurridos el 5 de junio del 2009 arrojaron un trágico saldo de 33 personas fallecidas (23 efectivos policiales, cinco pobladores de Bagua y cinco ciudadanos indígenas). Otras 200 personas resultaron heridas y 83 fueron detenidas.De estas últimas, 18 se encuentran actualmente en el Establecimiento Penitenciario de Huancas, en Chachapoyas. Asímismo, los comisionados defensoriales pudieron verificar que 1,244 personas retornaron a sus comunidades, previo empadronamiento efectuado por el Ministerio Público, señala el documento defensorial.
Por otro lado, la Defensoría del Pueblo manifiesta su especial preocupación por la situación del Mayor PNP Felipe Bazán Soles, cuyo paradero se desconoce hasta la fecha, y continúa instando a las autoridades a no abandonar las labores de búsqueda, así como colaborando en la misma a través de sus misiones itinerantes. El Informe de Adjuntía, 006−2009, recoge la información obtenida directamente por el personal de la Institución que se desplazó a las zonas afectadas, entrevistándose con las autoridades locales, policiales, militares, fiscales, judiciales, representantes de la Iglesia , organismos de derechos humanos, organizaciones y representantes indígenas, medios de comunicación, y principalmente, con la población vinculada directa o indirectamente con las consecuencias de los hechos ocurridos.
Dado que se produjeron algunas denuncias públicas respecto a personas que no habrían retornado a sus comunidades, los comisionados de la Defensoría del Pueblo realizaron misiones itinerantes a 39 comunidades nativas ubicadas en el distrito de Imaza (provincia de Bagua), así como en los distritos de El Cenepa, Nieva y Río Santiago (provincia de Condorcanqui).
Además, se entrevistó a las autoridades de 15 comunidades. En todas estas comunidades, los principales líderes indígenas han reportado el retorno de todos los nativos, con excepción de las personas que permanecen hospitalizadas y detenidas. La Defensoría del Pueblo continuará realizando su labor de supervisión para garantizar el respeto irrestricto de los derechos fundamentales, así como la correcta actuación de las entidades estatales competentes.
De este modo, la institución reafirma una vez más su compromiso de trabajar por la defensa y respeto de los derechos fundamentales de las personas y de los pueblos.
QUIERE ACCEDER AL INFORME DEFENSORIAL HACER CLICK AQUI
Lima, 2 de julio del 2009.
Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400−1403 – 1406−1407
http://www.defensoria.gob.pe/
Oficina de Prensa e Imagen Institucional
311-0300 anexo 1400−1403 – 1406−1407
http://www.defensoria.gob.pe/
